El fraude alimentario, además de provocar pérdidas millonarias al sector, puede acarrear sanciones legales, supone un importante riesgo para la salud pública y deteriora la confianza de los consumidores.
Según el informe de 2023 de la Red de Alerta y Cooperación de la Comisión Europea, las notificaciones de fraudes han aumentado de forma significativa con respecto al año anterior.
En España, se calcula que el sector de la industria alimentaria pierde aproximadamente 40.000 millones de € cada año por este motivo. Por eso, prevenir fraudes alimentarios es una prioridad para cualquier profesional de la calidad y la seguridad alimentaria.
¿Qué es el fraude alimentario?
Es cualquier acción intencionada que se realiza para engañar al consumidor en cuanto a la calidad, seguridad o procedencia de los alimentos, con el objetivo de obtener un beneficio económico.
Los fraudes alimentarios pueden tener consecuencias devastadoras tanto para la salud de los consumidores como para la reputación y los resultados financieros de las empresas del sector.
¿Qué tipos de fraude alimentario existen?
El KC-FFQ, Centro de conocimiento sobre fraude y calidad de los alimentos de la Unión Europea, define 7 tipos de fraude alimentario:
- Etiquetado incorrecto: consiste en incluir información falsa en el envase de un alimento para obtener un mayor beneficio económico. Es el caso de los productos etiquetados falsamente como orgánicos para atraer consumidores preocupados por el medioambiente y la salud. El etiquetado incorrecto es el tipo de fraude con mayor número de incidencias reportadas en la UE.
- Dilución: mezcla de un ingrediente líquido de alto valor en el mercado con un líquido de menor valor. Este tipo de fraude se detecta en productos como la leche, el vino, la miel o el zumo de naranja, que son algunos de los alimentos más adulterados a nivel mundial.
- Encubrimiento: este tipo de fraude se da cuando se encubre de forma intencionada la baja calidad de algunos ingredientes o productos.
- Falsificación: copiar la marca, el diseño del envase, la receta, el método de elaboración o bien otros elementos de un producto alimentario para obtener un beneficio económico.
- Sustitución: se trata de reemplazar un ingrediente de alto valor por otro de menor valor. Se ha detectado en numerosas ocasiones este tipo de fraude en el aceite de oliva, un producto adulterado a menudo con aceites de menor calidad, y también en el azafrán, la reina de las especies.
- Mejoras no autorizadas: consiste en añadir ingredientes o materiales no declarados a los productos alimentarios, con el fin de mejorar su calidad. Por ejemplo, en algunos países, entre ellos España, se detectó bromato de potasio en el pan, un aditivo químico que mejora su textura y volumen, haciéndolo más atractivo. Este compuesto ha sido prohibido por su potencial cancerígeno.
- Mercado paralelo: se trata de vender el exceso de un producto sin declarar, sin los permisos necesarios para ello. Por ejemplo, en 2016 se detectó en Galicia una red que operaba en el mercado paralelo con mariscos que no cumplían las normas de trazabilidad ni las leyes de protección medioambiental. Esta acción afectó de forma grave a las empresas que sí cumplían con la normativa, además de poner en peligro la salud de los consumidores.
Ejemplos de fraude alimentario en España
Desde el tristemente célebre caso del aceite de colza hasta la macro operación OPSON III en la que se intervinieron 67000 litros de aceite y hasta 48 toneladas de jamones hace menos de un año, abundan en nuestro país los casos de fraude alimentario.
En 2017 se destapó un caso de fraude de etiquetado incorrecto de pescado para vender como merluza otras especies más económicas. Este fraude se da de forma generalizada en los establecimientos de restauración, donde más del 80% de veces se venden como lenguado especies como la platija o el gallo.
Diferentes estudios arrojan resultados escalofriantes de fraudes alimentarios. Por ejemplo, cerca de la mitad de la miel que llega a nuestro país ha sido adulterada con agua y otras sustancias para aumentar su volumen. Otro estudio reveló en 2016 que la mitad de las muestras de azafrán no procedían de España y eran de inferior calidad a lo que se indicaba en la etiqueta.
Aunque los países que más alertas de fraude alimentario han reportado son Alemania, Países Bajos y Bélgica, España lidera el ranking de casos de fraude relacionado con el origen de los alimentos.
El desafío es garantizar que los alimentos que ponemos en el mercado sean seguros en todo momento. Y responder a este desafío pasa por colaborar con entidades reguladoras, sacar partido de las nuevas tecnologías e implementar un buen plan de mitigación del fraude alimentario.
Entidades reguladoras contra el fraude alimentario
Existen diferentes entidades y organizaciones que se encargan de la seguridad alimentaria, tanto a nivel internacional (como la FAO o la OMS), como a nivel europeo (como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA) y a nivel nacional (como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN).
Estos organismos son grandes aliados en la lucha contra el fraude alimentario. Las empresas del sector pueden colaborar con estas entidades de diferentes formas para reducir los riesgos.
La forma más eficaz de colaboración es cumplir con las normativas y reglamentos sobre etiquetado, producción y distribución de alimentos.
Por supuesto, también es importante reportar los fraudes o actividades sospechosas cuando se detecten, tanto a nivel interno como externo. Es fundamental que las empresas del sector habiliten canales adecuados y eficaces para transmitir esta información.
Además, las empresas también deben participar en programas de inspección, control y auditoría que ayuden a identificar riesgos potenciales.
Nuevas tecnologías y seguridad alimentaria
El uso de tecnologías avanzadas es cada vez más relevante para garantizar la seguridad alimentaria.
Por ejemplo, el blockchain permite garantizar la trazabilidad completa de cada producto desde el origen hasta el consumidor final, algo que no solo es una obligación legal sino cada vez más una demanda de los consumidores.
La introducción de automatizaciones en cada eslabón de la cadena de suministro, permite recoger gran volumen de datos y analizarlos con inteligencia artificial.
Desde hace años se utilizan soluciones como los códigos de barras y las etiquetas RFID, que permiten rastrear los productos a lo largo de toda la cadena. Otros desarrollos más sofisticados, como las redes de sensores, permiten monitorizar diferentes variables que afectan a los alimentos.
La ecuación se completa con el análisis de toda la información que se recoge con tecnologías de Big Data e inteligencia artificial, de manera que es posible detectar patrones anómalos o deficiencias en la cadena de suministro.
¿Qué es un plan contra el fraude alimentario?
Un plan contra el fraude alimentario es un conjunto de medidas cuyo objetivo es reducir o eliminar el riesgo de fraude en la cadena alimentaria. A grandes rasgos, se trata de evaluar los riesgos, identificando las áreas más vulnerables dentro de la cadena de suministro, y establecer las medidas preventivas necesarias para controlarlos. Estas medidas suelen consistir en la implementación de controles de calidad y auditorías para minimizar los riesgos identificados.
El plan contra el fraude alimentario debe incluir acciones de formación del personal sobre cómo identificar y prevenir posibles fraudes, así como revisiones constantes que garanticen que el plan es eficaz contra nuevos riesgos que puedan surgir.
Los responsables de implementar el plan contra el fraude alimentario son los responsables de calidad y seguridad alimentaria, en colaboración con el resto de departamentos de la empresa afectados por las medidas. Además, el compromiso de la dirección de la empresa es fundamental para que el plan sea efectivo.
En Redimensiona podemos ayudarte a implementar un plan contra el fraude alimentario y proporcionar a tu equipo la formación necesaria. ¡Consúltanos tu caso! Te ofrecemos una solución personalizada a la medida de tus necesidades.
